Para imputar este lunes a los nueve capturados de la Universidad del Atlántico, la Fiscalía recopiló información de los hechos de alteración del orden en más de dos años de anormalidad en ese centro de educación superior.

En una relación de hechos, la Fiscal 156 de la Dirección especializada contra el crimen organizado, Decoc, mencionó en primera instancia el episodio de enero de 2019 cuando en medio de un bloqueo del Corredor Universitario encapuchados incendiaron una motocicleta de la Policía Nacional.

Otro hecho citado para la imputación fue el del 19 de mayo cuando en medio de una protesta un encapuchado lanzó una bomba molotov contra una oficina en el bloque administrativo de la Universidad.

También se referenció la detonación controlada de un artefacto explosivo en la sede norte el 8 de julio de 2019 en uno de los bloques de la alma mater. “Se encontró un reloj envuelto con cinta aislante, pegado  a la pared con la advertencia de ‘bomba’”, informó la Fiscal.

Ese mismo año, pero el 30 de septiembre, en medio de enfrentamientos entre encapuchados y el Esmad, fue destrozada la puerta principal de la rectoría, las ventanas del primer piso del bloque H, fue desprendido el portón principal de la Universidad  y destruyeron varias ventas ambulantes.

En el relato de la Fiscalía se menciona que en octubre en el bloque F se destruyeron cámaras de seguridad, rectoría, aulas de clases, centro de convenciones, equipos de cómputo y se produjo un conato de incendio en el quinto piso del bloque D.

Todos estos hechos explicados por la Fiscalía se registraron siendo Rector Carlos Prasca, quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades.

Sin embargo, también se recordó el episodio del 10 de diciembre cuando resultó quemado un vigilante a quien le lanzaron una bomba molotov en la sede Centro.

De los hechos registrados durante el paro nacional, la Fiscal mencionó "la quema de una motocicleta de la Policía Nacional de la estación de Policía Ciudadela. Y el 19 y el 25 de mayo, las afectaciones en las que se vio incurso, el Comando de Atención Inmediata, del llamado CAI Coolechera, estos son los hechos que se presentaron en el marco de estas protestas. Se han excedido, han rayado en la normatividad y reviste una importancia jurídico penal".

Concluyó la Fiscal que hay vínculos de varios de los capturados con diferentes hechos narrados. 

Al término de la audiencia de hoy a dos de los capturados, Francisco José Lozano Ariza (estudiante) y Luis Alberto Bueno Ortiz (sindicalista) se le realizó una imputación preacordada por un delito menos gravoso que es querellable y quedaron en libertad.

Igualmente, la Juez decretó la libertad de Yesid José Romero Torres y de Jonathan Isaac Quintero Vanegas, quienes se han desempeñado como docentes provisionales en Uniatlántico. Estos últimos siguen vinculados al proceso penal con la obligación de comparecer a las audiencias que programe el Juez con funciones de control de garantías.

Por su parte, Jean Carlo Pino Acendra, Justin James Úrzola, Carlos Ernesto Bermúdez Moreno, José Luis Arévalo Zuleta y Luis Adolfo Flórez Castellar, no aceptaron los cargos imputados.

La audiencia de imposición de medida de aseguramiento se cumplirá esta semana, en fecha por definir, a la cual la Fiscal a cargo anticipó que llevará un abundante material probatorio como interceptaciones telefónicas y videos, que demuestran la participación de los imputados en los hechos materia de la investigación.  

La Fiscalía le imputa los delitos de concierto para delinquir; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial.